Quién es el mendocino que denunció penalmente a Alberto Fernández, a CFK y a otros funcionarios nacionales
La titular del PRO, Patricia Bullrich, y un numeroso grupo de diputados de Juntos por el Cambio, denunció penalmente al presidente Alberto Fernández y a su vicepresidenta, Cristina Fernández de Kirchner, por los delitos de sedición, amenazas calificadas, violación de los deberes de funcionario público, instigación a cometer delitos e intimidación pública.
Además de los funcionarios mencionados, la presentación fue dirigida a los ministros Eduardo De Pedro y Aníbal Fernández, como así también al gobernador bonaerense Axel Kicillof, a Luis D' Elia y a Hebe de Bonafini.
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La denuncia fue impulsada por el PRO, especialmente por Patricia Bullrich, aunque hay un diputado mendocino que no dudó en acompañar, y es ni más ni menos que Álvaro Martínez.
La denuncia es debido a la ejecución de un supuesto "plan de impunidad" sobre los graves delitos de corrupción denunciados entre 2003 y 2015, que trascienden en el marco de las causas "Vialidad", "Hotesur-Los Sauces" y "Cuadernos¨, entre algunas otras.
Álvaro Martínez
De acuerdo a la denuncia, el plan se habría ideado tras los dichos que realizaron diferentes miembros del oficialismo, principalmente los denunciados; las amenazas a jueces y fiscales; la versión sobre indultos y los permanentes ataques a la Justicia como institución.
La denuncia enumera "una campaña de desprestigio de la Justicia y de banalización de los hechos, a partir de la instalación de la idea del ?lawfare' como una forma de persecución política; al mismo tiempo, al asumir el actual Gobierno se colocaron militantes a cargo de áreas estratégicas para desactivar las denuncias: la Oficina Anticorrupción, con Félix Crous, UIF, (Juan Carlos Otero); la Procuración del Tesoro (Carlos Zanini), AFIP (Mercedes Marcó del Pont), quienes desistieron de las querellas oportunamente promovidas en esos procesos".
Por último mencionan "la promoción de acciones de hecho con la movilización de militantes a modo de amenaza contra los jueces y fiscales que tienen que tomar las decisiones en las causas de referencia, instalando la idea que en caso de ser condenada Cristina Fernández de Kirchner se producirán graves disturbios sociales".
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Tales acciones, según los denunciantes, conforman el delito de sedición contemplado en el art. 22 de la Constitución Nacional, tendiente a apañar hechos que el mismo texto constitucional califica como de traición a la patria (art. 36), como así también violan los compromisos asumidos por el país en las convenciones de Naciones Unidas e Interamericana contra la corrupción.
Además de Bullrich, López Murphy y el mendocino Álvaro Martínez, acompañaron la iniciativa Gerardo Milman, Cristian Ritondo, Sabrina Ajmechet, Federico Angelini, Alberto Asseff, Karina Bachey, Héctor Baldassi, Gabriela Besana, Soher El Sukaria, Germana Figueroa Casas, Alejandro Finocchiaro, Ingrid Jetter, Mercedes Joury, Florencia Klipauka Lewtak, Graciela Ocaña, Graciela Marilú Quiroz, Claudio Poggi, María Lujan Rey, Dina Rezinovsky, Laura Rodriguez Machado, Ana Clara Romero, Ricardo López Murphy, Fernando Iglesias, Jorge Enríquez y Virginia Cornejo.
