Proponen nacionalizar la administración del gas y la luz

Si algún efecto inmediato ha tenido la causa judicial conocida como los “cuadernos de las coimas” es haber puesto en crisis la credibilidad que las personas tienen con ese entramado de empresas y empresarios que históricamente se han autodefinido como el verdadero motor de la economía del país. También ha puesto en cuestión aquello de que el sector privado es una garantía de transparencia y eficiencia frente a un Estado bobo y corrupto. Más aun cuando se trata de la gestión de recursos esenciales como fondos para obra pública o de la administración de bienes y servicios sensibles para la población como la electricidad, el agua o el gas.

En ese marco el Frete de Izquierda de los Trabajadores (FIT) proponen dos proyectos de ley que apuntan a la nacionalización de la distribución del gas a nivel nacional y de la electricidad en el ámbito provincial. Si bien podría pensarse que ambos proyectos tienen pocas posibilidades de llegar a buen puerto, o quizás leerse como un acto de oportunismo frente a la fuerte crisis económica que atraviesa la gestión de Cambiemos, lo cierto es que los proyectos plantean algo que la izquierda siempre ha sostenido y es que los recursos naturales y sensibles para las personas deben estar gestionado por el Estado y por sus trabajadores.

En ese sentido los proyectos proponen la creación de empresas 100% estales. Por un lado la "Empresa Nacional de Distribución de Gas de Argentina" y por otro lado la “Empresa Provincial de Energía Eléctrica de Mendoza” que en principio estarían controladas por sus propios trabajadores más un “Consejo de Empresa” integrado por organizaciones de usuarios, las Universidades Públicas Nacionales y los organismos de investigación y desarrollo públicos relacionados en la materia. En lo que respecta a la transparencia plantean un modelo de control a través de un sitio web en el que los usuarios podrán consultar la evolución de los estados contables, la ejecución presupuestaria, el estado de situación de las obras y toda información que garantice la transparencia de la empresa y la participación de los usuarios.

Además propone declarar la utilidad pública y expropiación de todas las empresas que realicen una o más actividades incluidas en el objeto social de la empresa estatal y señala que el valor de las expropiaciones no podrá superar el monto de un peso ($1.00) y las modificaciones de tarifas hacerlas luego de la realización de audiencias públicas “vinculantes”.

Acerca de si la expropiación no significaría pagar indemnizaciones muy costosas a las empresas concesionarias, el senador Lautaro Jímenez dijo que esto no sería un problema para el caso de Mendoza ya que los contratos con las concesionarias están vencieron en julio por lo que consideró que sería el momento indicado para avanzar con una medida de este tipo. En ese sentido Jiménez afirmó “en estos se está renegociando las concesión con Edemsa por diez años más y en ese marco nosotros planteamos que en lugar de darle otra vez la concesión a Edemsa el gobierno lo haga con una empresa Estatal. Y en vez de pensar en indemnizar podría comenzar las acciones legales para que esta empresa le devuelva todo el dinero que le debe a los mendocinos por los planes de obra que no cumplió y las multas que aún no termina de pagar”.

En cuanto al proyecto de ley por la estatización de la distribución de gas el diputado nacional Nicolás del Caño dijo que se trata de un anteproyecto de ley que van a poder a disposición de distintas organizaciones y consideración de otros legisladores y que se presentará en algunos días en el Congreso. “Este proyecto se complementa con otros que ya hemos presentado para la nacionalización y estatización de todo el conjunto de los hidrocarburos del país. La idea es terminar con empresarios que lucran con algo tan elemental para las personas como es el gas”.

Nuevos aumentos del gas para octubre

Uno de los puntos sobre los que alertan desde el FIT es que tras la caída de la Ley de Emergencia Económica el gobierno ya no tiene autorización legal para intervenir en el mercado por lo que resulta poco probable que luego de las audiencias públicas previstas para el próximo 4 y 6 de septiembre el gobierno nacional y el Enargas puedan acordar el aumento pretendido del 30%. Es que según explicaron los precios del gas en boca de pozo fijado en los contratos vigentes que llevan la firma del ex ministro de Energía Aranguren, se encuentran en dólares. Por lo tanto de imponerse las condiciones que están exigiendo las petroleras y distribuidoras, las tarifas residenciales de gas deberían aumentar un 140% a partir del el primero de octubre de este año.