Según un estudio, las villas miseria en Argentina se quintuplicaron en las últimas dos décadas
Un informe conjunto de Unicef y el Observatorio de la Deuda Social revela que en Argentina, dos de cada tres personas sufren pobreza por ingresos o carecen de derechos básicos como educación, protección social, vivienda adecuada, acceso al agua potable y un hábitat seguro.
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Estos datos son alarmantes, especialmente considerando que siete de cada diez niños, niñas y adolescentes viven por debajo de la línea de pobreza en el país.
El relevamiento muestra que se han erigido 6,467 barrios populares, villas y asentamientos en todo el país, ocupando una superficie tres veces mayor que la Ciudad de Buenos Aires y albergando al 12% de la población, es decir, aproximadamente 5 millones de personas.
La provincia de Buenos Aires concentra cerca de un tercio de estos asentamientos, con un total de 2065. Estos datos, recopilados por el Registro Nacional de Barrios Populares (RENABAP) con la colaboración de la ONG Techo Argentina y otras organizaciones de la sociedad civil, revelan una realidad de desigualdad espeluznante.
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Los datos del RENABAP muestran que el 66% de los residentes en estos asentamientos no tienen acceso a energía eléctrica formal, el 92% carece de agua potable, el 97% no está conectado a la red cloacal y el 99% no tiene acceso al suministro de gas domiciliario, lo que los obliga a recurrir a métodos costosos y peligrosos para calentar sus hogares.
Según Juan Maquieyra, director de Techo Argentina, más del 70% de los barrios populares se formaron mediante ocupaciones informales de tierras abandonadas. Estos barrios, que a menudo se estigmatizan injustamente, albergan a familias trabajadoras que enfrentan dificultades similares a las de otros vecindarios, pero solo son noticia cuando ocurren eventos excepcionales.
El comercio de drogas es un problema extendido en estos barrios, con el 26.5% de los hogares identificando la venta o tráfico de drogas en sus vecindarios. La percepción de este problema es aún más pronunciada en los barrios populares de clase baja y en las villas, donde el riesgo de exposición es mucho mayor.
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El informe destaca la importancia de programas como el RENABAP para promover la inclusión social y urbana en estos barrios, proporcionando infraestructura básica y acceso a derechos fundamentales.
Sin embargo, la decisión del gobierno de Javier Milei de eliminar el fideicomiso de Integración Socio Urbana (FISU) y su supuesta supresión por irregularidades administrativas generó preocupación entre las organizaciones sociales y dejó en la incertidumbre el futuro de estas iniciativas.
