¿Se suspende la Ley de Alquileres? El Gobierno evalúa modificar cuatro puntos claves

La idea es del titular de la Cámara de Diputados Sergio Massa. Y consiste en la suspensión, por 180 días de la Ley de Alquileres, mientras paralelamente se busque una nueva norma basada en un acuerdo parlamentario con amplio consenso entre el oficialismo y la oposición.

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Massa señaló que está evaluando junto con el presidente Alberto Fernández si la eventual suspensión se hará mediante la elaboración de un decreto de necesidad y urgencia (DNU) o por ley.

"Una ley que fracasó"

El miércoles, el funcionario planteó: "En el Gobierno anterior, el Congreso sancionó -no con mala fe, sino buscando una solución a un problema- una ley que fracasó: la Ley de Alquileres, que pretendía asegurar a inquilinos y propietarios y terminó disminuyendo la oferta, retrayendo la posibilidad de desarrollar el negocio y además generando incertidumbre y dificultades para el inquilino".

En realidad, la ley fue votada y aprobada durante la actual gestión de Alberto Fernández, en junio de 2020 y votada por el oficialismo.

"Tenemos también que discutir una nueva Ley de Alquileres, que le dé certeza al propietario y garantías y tranquilidad al inquilino para que el sector pueda desarrollar libremente ese emprender noble que tiene a lo largo y a lo ancho del país", dijo en la confitería El Molino, donde se celebró el día Internacional de la Construcción.

Asesores vinculados a Massa comentaron que están empezando con las rondas con los distintos involucrados para trabajar en los puntos en los cuales se falló con la ley anterior.

"Obviamente, el nuevo texto requiere un amplio nivel de consenso y tiene que ser debatido en comisión", explicaron.

Los puntos mas conflictivos en los que los equipos técnicos están empezando a trabajar son los siguientes:

1) El plazo de los contratos: en principio, la idea es volver a bajarlo a dos años, con la idea de reducir el nivel de conflictividad que generó este punto entre inquilinos y propietarios.

2) El coeficiente de ajuste: si bien los inquilinos buscan una cláusula de ajuste más vinculada al Coeficiente de Variación Salarial (CVU), también está la pretensión de los propietarios de no aplicar ajustes anuales (como los que plantea la actual ley con un mix de variación del salario y de la inflación) sino en forma semestral o al menos, según se pacte entre las partes.

3) Otro punto que, según los asesores de Massa debería abordarse es si funcionó o no el registro de los nuevos contratos ante la AFIP, un requisito en el que hace hincapié la ley actual que rige desde julio del 2020.

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4) Las garantías es otro de los aspectos de la ley en el que deberán ponerse de acuerdo ambas partes del contrato. La reglamentación actual establece varias alternativas (como recibos de sueldo, seguros de caución, garantía de fianza y aval bancario), los propietarios son más proclives a mantener la garantía propietaria como se utilizaba anteriormente.

Parte de la problemática es el aumento que sufrieron los alquileres desde que se implementó la ley actual. Según datos de Reporte Inmobiliario, mientras que la inflación interanual medida por INDEC entre octubre de 2021 y el mismo mes de 2020 fue del 52,1 %, los departamentos usados que se ofertan en alquiler aumentaron el 57,45 en promedio para el caso de los de un dormitorio y el 53,82% para las unidades de 3 ambientes.

El nuevo índice de ajuste de los contratos que informa todos los meses el Banco Central (ICL) plantea -para noviembre- incrementos por encima del 50% para quienes tienen que renovar sus contratos de alquiler.