Los últimos números de la pobreza en el final del gobierno de Alberto Fernández
El más reciente índice de pobreza en Argentina revela un aumento del 43,1% en 2022 al 44,7% en 2023, evidenciando que 17,5 millones de argentinos viven en condiciones de bajos ingresos, vivienda precaria, acceso limitado a salud y educación, o inseguridad alimentaria.
Además, se registra un aumento en la tasa de indigencia al 9,6% en el último trimestre de 2023, y se destaca que sin los planes sociales, la pobreza alcanzaría el 49%.
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El estudio realizado por el Observatorio de la Deuda Social de la UCA (ODSA-UCA) abarcó 5760 hogares en grandes conglomerados urbanos de todo el país. Se señala que el 9,6% de las personas son indigentes, lo que representa 4,2 millones de personas.
Agustín Salvia, director del OSDA, alerta sobre el aumento de la pobreza debido a la inflación, el estancamiento económico y la situación de empleo informal. Destaca la importancia de los programas sociales, como la AUH y el ITF, para contener la pobreza, y advierte sobre la necesidad de mantener la contención social a los sectores vulnerables para evitar desbordes sociales.
El informe revela que la tasa de pobreza afecta más a los sectores más bajos, alcanzando el 68%, mientras que en los sectores altos apenas llega al 11%. Además, resalta que la inseguridad alimentaria afecta al 20,6% de los hogares en Argentina, representando un aumento respecto al 18,7% en 2022.
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El índice de inseguridad alimentaria en niños de 0 a 17 años alcanza el 13,9% en 2023, la más alta de los últimos 18 años. El informe indica que casi el 70% de las personas presenta al menos una carencia en dimensiones de derechos, y el 28% se encuentra en la situación más crítica con tres o más carencias.
Salvia atribuye la causa de la pobreza a la falta de inversión y crecimiento equilibrado en la economía. La brecha de ingresos entre los trabajadores de alta y baja remuneración duplica la brecha entre los empresarios y los trabajadores asalariados. Se destaca que el 35,7% de la población carece de acceso al empleo y la seguridad social.
Frente a la falta de empleos de calidad, el informe destaca que el gasto en transferencias sociales ha sido crucial para mantener una relativa paz social y evitar una mayor incidencia de la pobreza.
