La polémica medida que tomó el Gobierno con las víctimas de violencia de género
El Gobierno Nacional implementó desde este lunes, modificaciones significativas en el programa Acompañar, una iniciativa crucial para brindar asistencia a mujeres y personas LGBT+ que se encuentran en situaciones de violencia de género.
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A partir de ahora, para acceder a esta ayuda, será necesario presentar una denuncia judicial o policial que acredite la situación de violencia sufrida, una exigencia que no estaba presente en la versión anterior del programa.
Según el decreto 755/2024, publicado en el Boletín Oficial, el programa requerirá a sus beneficiarios acreditar su situación de riesgo mediante un informe social emitido por un dispositivo de atención oficial de violencias, ya sea a nivel local, provincial o de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA).
Sin embargo, el cambio más relevante es que, además de este informe, las víctimas deberán presentar una denuncia formal de violencia de género ante las autoridades judiciales o policiales.
Este cambio en los requisitos generó una fuerte controversia, ya que anteriormente bastaba con un informe social para acceder al beneficio, lo que permitía una mayor flexibilidad y un acceso más rápido a la asistencia para las víctimas.
Otro aspecto relevante de las modificaciones es el ajuste en la duración de la ayuda económica.
Anteriormente, las beneficiarias del programa Acompañar podían recibir un monto equivalente a un salario mínimo, vital y móvil durante seis meses consecutivos. Con el nuevo decreto, este período se ha reducido a solo tres meses.
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La asistencia económica sigue siendo no reintegrable, de carácter personal, no renovable y no contributiva, pero el recorte en el tiempo de cobertura fue visto como un retroceso en los derechos de las víctimas.
