La Ley Ómnibus de Milei propuso revivir una incómoda orden que se usó en pandemia
El proyecto de Ley Ómnibus presentado por el presidente Javier Milei ante el Congreso propone regulaciones significativas en cuanto a las reuniones en espacios públicos.
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Según la propuesta, los ciudadanos deben obtener permisos del Ministerio de Seguridad para llevar a cabo encuentros con tres o más personas en lugares públicos, solicitando la autorización con 48 horas de antelación.
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La modificación concede al Ministerio de Seguridad la autoridad para rechazar reuniones, proponer cambios en horarios y lugares, con el objetivo de regular las manifestaciones. El Gobierno define las reuniones como "congregación intencional y temporal de tres o más personas en un espacio público", respaldando el derecho a la protesta.
Este requerimiento surge tras las recientes movilizaciones en el microcentro porteño y la implementación del protocolo antipiquetes. La CGT, en su última marcha, solicitó autorización previa.
Si la ley es aprobada en sesiones extraordinarias, las reuniones deberán notificarse al Ministerio de Seguridad 48 horas antes, con detalles precisos de los participantes y la finalidad del encuentro. El Ministerio emitirá un comprobante de presentación, obligatorio para los organizadores durante el evento.
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La cartera de Patricia Bullrich puede oponerse a las reuniones por razones de seguridad personal o nacional, proponer cambios y, en caso de incumplimiento, intimar a los organizadores.
Además, se propone una figura penal para quienes dirijan manifestaciones que afecten la circulación o causen daños, con penas de prisión de dos a cinco años.
