"Impuesto al viento": de qué se trata esta nueva tasa y para quienes aplican

Cuando en el mes de abril el intendente de Puerto Madryn, Gustavo Sastre, logró la aprobación de una ordenanza municipal que habilita a cobrar un impuesto a los parques eólicos de la zona ya había malestar entre el sector empresario. Es que en esa localidad está ubicado el Parque Eólico Chubut Norte I, considerado como el más grande del país y con una capacidad para proveer energía limpia a 330 mil hogares.

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En aquel entonces, la Cámara Argentina de Energías Renovables (CADER), rechazó la ordenanza n°11.349 al considerar que la "tasa de servicio a las energías renovables" implica un tributo "gravoso" y "arbitrario" para el desarrollo de la actividad.

Pero la situación aumentó en tensión ya que el intendente Gustavo Sastre dio un paso adelante esta semana y estableció una modificación tarifaria en aquella tasa. Ahora, en vez de pagar una suma por los metros cuadrados, los parques eólicos deberán abonar en función de lo que producen; es decir, una suerte de "impuesto al viento", según consigna Infobae. Y, según el diario El Chubut, se pagará un monto diez veces mayor al previsto.

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Actualmente, los molinos producen alrededor de 1400 kw mensuales. Las autoridades locales apuntan a que lo que se cobra por la tasa representa unos 84 kw. Por lo tanto, si una empresa abonaba anualmente $800.000 en tasas municipales, ahora abonarán unos $10 millones, informaron desde la intendencia de Puerto Madryn.

En principio, el conflicto parece no terminar aquí. Desde Cader solicitaron meses atrás "enfáticamente al municipio de Puerto Madryn y la Provincia de Chubut desistan de este avance sobre la generación eléctrica a partir de fuentes renovables" y acusó a la medida como "ilegal".

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"La ilegalidad manifiesta de la iniciativa de Puerto Madryn radica en que se traduce en una enorme carga para los proyectos renovables, obstruyendo gravemente la continuidad de los proyectos construidos, en construcción y en desarrollo, vía por la cual se comprueba su arbitrariedad y se demuestra el desconocimiento de derechos constitucionales; poniendo así en riesgo el normal desenvolvimiento de la actividad de nuestros asociados, de cientos de puestos de trabajo y el afianzamiento de proveedores locales", apuntaba el comunicado, aunque aún no se han expresado sobre la nueva medida.