El polémico primer proyecto de Lilia Lemoine en el Congreso que enfureció a los grupos feministas
La diputada Lilia Lemoine, de La Libertad Avanza, presentó un proyecto en la Cámara baja que busca aumentar las penas para quienes realicen falsas denuncias y testimonios falsos, enfocándose especialmente en casos de violencia de género, abuso sexual y violencia contra menores.
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Según argumenta Lemoine, "el impacto devastador de las denuncias falsas ha sido reconocido ampliamente", y su propuesta tiene como objetivo "corregir las deficiencias en el sistema judicial que permiten que tales acusaciones prosperen, causando daños irreversibles".
En su iniciativa, Lemoine describe ejemplos de personas afectadas por denuncias que resultaron falsas, incluyendo el caso de Pablo Ghisoni, quien fue acusado de abuso sexual por su ex esposa y enfrentó un "linchamiento mediático" antes de ser sobreseído.
Otro caso citado fue el de Ceferino Rotili, quien, tras ser denunciado por abuso sexual por sus hijas a instancias de su madre, se vio obligado a abandonar el país. Un tercer caso trágico fue el de Pablo Muñoz, un joven de 18 años que se quitó la vida después de ser acusado sin pruebas suficientes de abuso.
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Lemoine también recordó el caso del ex diputado Eduardo Cáceres, quien enfrentó un proceso judicial por violencia de género basado en pruebas manipuladas, lo cual afectó gravemente su reputación y vida personal. La diputada subraya que la falta de diligencia en investigar denuncias falsas "no solo prolonga el sufrimiento de los acusados, sino que también desvirtúa el sistema judicial al permitir que se utilice como herramienta de venganza en conflictos familiares".
En cuanto a las sanciones, el proyecto propone reformar el artículo 109 del Código Penal para establecer penas de uno a cuatro años de prisión a quienes imputen falsamente un delito, con agravantes en casos de violencia de género, familiar y abuso sexual, o si las falsas denuncias se usan para obstruir vínculos familiares.
Además, se incluyen agravantes adicionales si la denuncia es difundida públicamente antes de una condena firme, ya que, según Lemoine, "la difusión de denuncias falsas en redes sociales y medios puede causar un daño irreversible, condenando socialmente a una persona antes de un juicio justo".
El proyecto de ley también propone modificar el artículo 275 del Código Penal para sancionar con prisión de uno a cinco años a los testigos, peritos o intérpretes que, ante la autoridad, realicen falsedades o escondan la verdad en sus declaraciones.
