El millonario rechazo de la Justicia a las madres de Plaza de Mayo: pedían una fortuna al Estado
El juez en lo Contencioso Administrativo Federal, Pablo Cayssials, rechazó una medida cautelar presentada por la Universidad Madres de Plaza de Mayo (UNMPM) para que el Gobierno transfiera más de 550 millones de pesos destinados a su financiamiento. Este reclamo se produjo tras la decisión del Ministerio de Capital Humano de frenar la apertura de nuevas universidades.
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La universidad había solicitado una "cautelar autosatisfactiva" para que se ordenara el cese automático de la retención de fondos y la transferencia de más de 556 millones de pesos. Sin embargo, el magistrado consideró que la pretensión de la organización "debe desestimarse porque no se aprecian las circunstancias excepcionales necesarias para acceder al reclamo". Además, destacó que "no se verificó la verosimilitud en el derecho en forma patente" y que no se observó la supuesta arbitrariedad denunciada por la Administración Pública.
El Estado Nacional también cuestionó la validez de la representación de la rectora, Cristina Caamaño Iglesias Paiz, señalando que la designación por la resolución Nº 2534/23 del ex Ministerio de Educación quedó sin efecto por la resolución Nº 45/24 del Ministerio de Capital Humano.
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Asimismo, argumentaron que el acta de los comicios de asamblea del 5 de marzo carecía de validez al no contar con la aprobación pertinente según la Ley de Educación Superior y el Decreto Nº 176/96, lo que implica que la Universidad de Madres de Plaza de Mayo no tiene autorización para funcionar.
La decisión del gobierno de Javier Milei de suspender la apertura y revisar las cinco universidades creadas por el Congreso Nacional durante la gestión anterior, afectó a la Universidad de las Madres de Plaza de Mayo, así como a las universidades de Pilar, Río Tercero, Ezeiza y el Delta.
Los fundamentos de esta resolución indican que la medida se tomó para "evitar la duplicación y superposición de estructuras jerárquicas" y garantizar que la oferta educativa cumpla con los estándares de calidad y pertinencia.
El freno en la apertura se mantendrá hasta que se determine si el procedimiento administrativo exigido por la Ley de Educación Superior para la creación de nuevas universidades fue debidamente cumplido, si las condiciones establecidas fueron realmente satisfechas y debidamente documentadas, y si la pertinencia y previsión del crédito presupuestario correspondiente, basadas en un estudio de factibilidad, avalaron la iniciativa.
Estas universidades fueron aprobadas tras un extenso debate en la Cámara de Diputados y en el Senado de la Nación, contando con el apoyo mayoritario del kirchnerismo, partidos provinciales aliados y el radicalismo. La aprobación final se dio el 29 de septiembre, en la misma sesión en la que se eliminaron la cuarta categoría del Impuesto a las Ganancias y se realizaron cambios en la ley de alquileres.
