Escándalo: el Gobierno tuvo que pedir perdón por usar términos como "idiota" e "imbécil" en una resolución

A mediados de enero, el Gobierno Nacional emitió una resolución firmada por la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDis) que generó gran polémica al modificar la evaluación para la entrega de pensiones no contributivas a personas con discapacidad. En el documento se incluyó terminología considerada discriminatoria y estigmatizante.

La resolución 187/2025 hacía hincapié en criterios médicos para evaluar la discapacidad intelectual y utilizaba términos como "invalidez laboral" y "retardos mentales". Además, en su anexo, aparecían expresiones como "idiota", "imbécil" y "débil mental", lo que desató el repudio de distintos sectores.

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Tras el escándalo, la Agencia Nacional de Discapacidad emitió un comunicado en redes sociales para retractarse y asegurar que la inclusión de dichos términos fue "un error". "Dicha normativa incluyó un anexo con términos que, históricamente, se han utilizado en la medicina psiquiátrica para describir grados profundos de déficit intelectual, pero que, en la actualidad, han sido discontinuados", expresaron en X. "Desde la ANDIS queremos aclarar que la publicación de los términos en cuestión no tuvo ninguna intención discriminatoria, sino que se trató de un error derivado del uso de conceptos pertenecientes a una terminología obsoleta", añadieron.

El abogado Eduardo Quiroga, especialista en derechos de las personas con discapacidad en la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ), sostuvo que el uso de estas expresiones "implica una violación a la Convención Internacional de las Naciones Unidas que brega por los derechos de las personas con discapacidad". También consideró que esta resolución representa "un retroceso grave" en materia de derechos y desconoce los avances en el abordaje de la discapacidad.

Según Quiroga, el decreto que regula las pensiones en Argentina se tornó inconstitucional con la firma de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad en 2008. No obstante, en septiembre de 2024, el gobierno de Javier Milei reinstaló los requisitos previos, estableciendo que los beneficiarios deben acreditar un 66 % de "invalidez laborativa". Esto llevó a la aplicación de un baremo para determinar los criterios de evaluación.

El abogado criticó que, además del lenguaje discriminatorio, la normativa impone trabas al acceso al mercado laboral. "Se reinstaló esta idea de personas válidas o inválidas a la hora de ser incluidas en el ámbito laboral. Esto lo que ha hecho es excluir a las personas con discapacidad del mercado laboral", aseguró.

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En la misma línea, destacó que la normativa contradice principios establecidos desde 1997, cuando se comenzó a considerar que la discapacidad no inhabilita para trabajar. "Esta resolución juega con la vulnerabilidad socioeconómica de las personas con discapacidad, es discriminatoria y las clasifica en lugar de pensar que todas las personas pueden trabajar", afirmó.

Ante el rechazo generalizado, el Gobierno anunció que revisará la resolución. "La Resolución 187/2025 y su anexo serán modificados siguiendo los estándares médicos y normativos vigentes", aseguraron desde la ANDIS, comprometiéndose a alinear la terminología con referencias internacionales como la Clasificación Internacional de Enfermedades (CIE-11) y el Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales (DSM-5).

Y concluye: "La Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) reafirma su compromiso con un sistema de evaluación justo, transparente y basado en criterios médicos y en un análisis integral de la situación socioeconómica, que garantice que las pensiones no contributivas por invalidez laboral sean otorgadas a quienes realmente las necesitan". (con información de Infobae y TN)