El Gobierno denunció a Mauricio Macri por el envío de armamento a Bolivia
El Gobierno nacional denunció esta tarde al ex presidente Mauricio Macri y a la ex ministra de Seguridad Patricia Bullrich, entre otros, por el envío de "material bélico" a Bolivia con el presunto fin de colaborar en la represión tras el golpe de Estado perpetrado contra el ex presidente Evo Morales.
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La denuncia, por contrabando agravado y otros delitos, fue presentada ante la Cámara Federal, pero aún no fue sorteada, dijeron fuentes oficiales.
La denuncia lleva la firma de la ministra de Seguridad Sabina Frederic, de la titular de la AFIP, Mercedes Marco del Pont, y del ministro de Justicia, Martin Soria.
Los denunciados
En la presentación que realizó el Gobierno, además de Macri y Bullrich están acusados Oscar Aguad (ex Ministro de Defensa), Jorge Faurie (ex Ministro de Relaciones Exteriores y Culto), Normando Alvarez Garcia (ex Embajador Argentino en Bolivia), Jorge Davila (ex Director General de Aduanas), Eugenio Cozzi (ex Director Ejecutivo de la ANMaC), Gerardo Jose Otero, (ex Director Nacional de la Gendarmeria Nacional Argentina), Ruben Carlos Yavorski (ex Comandante Mayor Director de Logistica de la Gendarmeria Nacional Argentina) y Carlos Miguel Recalde (ex Director de la Direccion de Operaciones de la Gendarmeria Nacional Argentina).
Los primeros en salir a responder la denuncia pública fueron el ex canciller Jorge Faurie y la ex ministra Patricia Bullrich. El sábado, el ex presidente Mauricio Macri desmintió "de manera rotunda la veracidad de las acusaciones" sobre el rol de la gestión de Juntos por el Cambio durante la crisis política boliviana y buscó "repudiar la carta que el presidente Alberto Fernández envió a las autoridades bolivianas expresando ‘dolor y vergüenza' sobre esos hechos falsos en los que quieren involucrarme".
Sin embargo, el Gobierno decidió avanzar con una denuncia penal por los delitos de contrabando agravado por la cantidad de personas involucradas, por la calidad de funcionarios públicos, por la participación de un funcionario del servicio aduanero, y por tratarse de armas y municiones de guerra (arts. 863, 865 inc. a y b y 867 del Código Aduanero), en concurso con los delitos de malversación de caudales públicos (art. 260 C.P.), abuso de autoridad (art. 248 C.P.) y los delitos que comprometen la paz y la dignidad de la Nación previstos en los artículos 219 y 220 del Código Penal de la Nación.
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"La gravedad institucional del hecho se consolida al advertir que el material enviado tuvo como destino final a las fuerzas armadas que días antes habían derrocado el gobierno constitucional del entonces presidente Evo Morales, y que días después del envío cometerían múltiples violaciones a los Derechos Humanos, entre ellas, las recordadas "masacres" (según las calificó la propia Comisión Interamericana de Derechos Humanos) de Sacaba y Senkata", dice la presentación judicial.
El Gobierno hizo una investigación administrativa en los últimos tres días y confirmó el envio del material "y su posterior desvio hacia las fuerzas armadas bolivianas".
