Causa YPF: la potente orden que dio la justicia de EE:UU y que asusta tanto a Cristina como a Milei
La jueza federal de Nueva York, Loretta Preska, solicitó al gobierno argentino la entrega de correos electrónicos, mensajes de WhatsApp y otras comunicaciones de varios funcionarios actuales y anteriores, en el marco del caso por la estatización de la petrolera YPF.
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Entre los implicados se encuentran figuras como el ministro de Economía, Sergio Massa, y el exministro Luis Caputo. El objetivo es investigar si hubo manipulación de precios en los combustibles, lo que podría fortalecer la postura de los demandantes en el litigio contra Argentina.
Este pedido surge luego de que el tribunal del Segundo Distrito Sur de Nueva York condenara a Argentina a pagar 16.100 millones de dólares a los fondos Burford Capital y Eton Park, que adquirieron los derechos de litigio tras la expropiación de acciones de YPF que pertenecían al Grupo Petersen, controlado por la familia Eskenazi.
La Justicia de Estados Unidos pidió los mails de Sergio Massa y Toto Caputo.
Ante la improbabilidad de que el Estado argentino cumpla con el pago completo, los demandantes buscan reincorporar a YPF al caso y embargar sus activos.
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El argumento central de Burford es que YPF actúa como un "alter ego" del Estado argentino, funcionando más como un brazo político que como una empresa privada. Esta acusación es clave para intentar responsabilizar a la compañía por el pago de la deuda, argumentando que el gobierno tiene un control directo sobre las decisiones y operaciones de la petrolera.
La jueza Preska ha autorizado un proceso de "discovery", que implica la búsqueda de pruebas a partir de las comunicaciones de los funcionarios mencionados. Esta búsqueda abarca desde el año 2020 hasta la actualidad, con el objetivo de demostrar que YPF, el Banco Central y otras entidades públicas argentinas operan bajo el control del gobierno y, por lo tanto, comparten responsabilidad en el litigio.
Entre los funcionarios cuyas comunicaciones se requieren están también el asesor presidencial Santiago Caputo, el exviceministro Gabriel Rubinstein y el exsecretario de Industria José Ignacio de Mendiguren.
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El Estado argentino ofreció revisar solo las comunicaciones externas de sus funcionarios con empleados de YPF o del Banco Central, pero los demandantes consideran que esto no es suficiente. Insisten en que las discusiones internas entre los funcionarios del gobierno son esenciales para probar la influencia estatal en YPF y el Banco Central.
La negativa de Argentina a proporcionar toda la documentación solicitada, que incluye correos electrónicos personales y aplicaciones de mensajería como WhatsApp y Gmail, generó tensiones en el proceso.
Los demandantes sostienen que los funcionarios argentinos utilizan regularmente cuentas de correo no gubernamentales para comunicaciones oficiales, lo que complica la obtención de pruebas.
