Alberto Fernández firmó un decreto para que el Estado pague su custodia en todo el mundo
En sus últimas horas en la presidencia, Alberto Fernández realizó una modificación significativa al decreto de 2019 que establecía las funciones de la Casa Militar. El presidente saliente amplió las responsabilidades de esta entidad para brindar custodia a todos los exmandatarios y sus familiares directos en cualquier lugar del mundo de forma vitalicia. ´
La danza de nombres peronistas en el Gabinete que confirmó Axel Kicillof
Este cambio, que antes solo aplicaba dentro de las fronteras, se interpreta como un intento de que el Estado continúe cubriendo los costos de su seguridad personal durante sus futuros viajes internacionales.
La medida, detallada en el decreto 735/23, se ejecutó a menos de 24 horas de dejar el cargo. Hasta el momento, la Casa Militar tenía la responsabilidad de proteger a los exmandatarios solo dentro del territorio nacional. La modificación implica que esta custodia se extienda globalmente, abarcando a los familiares directos de los expresidentes.
Este cambio se presenta justo antes del viaje de Alberto Fernández a España y busca asegurar que el Estado argentino continúe financiando su seguridad en el extranjero. Similarmente, la exmandataria Cristina Fernández de Kirchner, quien tiene planes de viajar a Italia, también se beneficia de esta medida. El costo asociado recae en los ciudadanos argentinos.
La lista de líderes y poderosos que estarán en la asunción de Javier Milei
La reforma modifica artículos del decreto de 2004 y establece que la custodia estará bajo el control operacional de la Casa Militar, actuando a través de la Agrupación Seguridad e Inteligencia. Los exmandatarios pueden renunciar a esta custodia, a diferencia del presidente en ejercicio. Además, el mínimo requerido para la custodia implica tres turnos con al menos una persona por turno, aunque pueden solicitar más personal, según sus preferencias.
El cambio de Fernández garantiza la seguridad presidencial en cualquier parte del mundo, aunque, como es habitual con los decretos, podría ser revocado por el presidente entrante, en este caso, Milei, mediante una normativa similar.