Al final, el gobierno prorrogó las sesiones extraordinarias para aprobar la Ley Ómnibus
El presidente Javier Milei extendió el período de sesiones extraordinarias del Congreso hasta el 15 de febrero, brindando más tiempo para la aprobación de la Ley Ómnibus.
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A pesar de los avances en las negociaciones con la oposición dialoguista en Diputados, la necesidad de firmar el dictamen diez días antes de la sesión y los cambios propuestos por el Gobierno impidieron la posibilidad de dictaminar y sesionar como estaba planeado.
Javier Milei prorrogó el debate de la Ley Ómnibus en Diputados.
La sesión maratónica entre jueves y viernes de la próxima semana busca la media sanción en Diputados, pero la fecha límite para el dictamen ya no permitía una sesión previa entre el lunes y el martes. El Gobierno aceptó ajustes en más de 100 artículos para ganar el apoyo de PRO, UCR y Hacemos Coalición Federal, complicando aún más el calendario.
En una novedad inusual, Milei incluyó tres proyectos adicionales durante la extensión de las sesiones extraordinarias:
1. Autorización para Tropas Extranjeras: Permite la entrada de tropas extranjeras para el ejercicio "Adiestramiento Combinado para la Defensa de los Recursos Pesqueros Argentinos" con la Guardia Costera de los Estados Unidos en abril de 2024.
2. Modificación de la Defensa Nacional: Propone la sustitución del Capítulo II -Defensa Nacional- del Título IV -Seguridad y Defensa- del Proyecto de Ley de Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos.
3. Modificación del Código Penal y Ley de Lavado de Activos: Introduce cambios en el Código Penal y la Ley N° 25.246 sobre la Prevención y Represión del Lavado de Activos, Financiación del Terrorismo y Financiamiento de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva.
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En las negociaciones, el Gobierno acordó mantener parcialmente la movilidad jubilatoria, actualizarla mensualmente con el IPC del INDEC. Además, se comprometió a eliminar las retenciones a las economías regionales y negociar las relacionadas con la soja, maíz y otras industrias.
La duración de las declaraciones de emergencia y facultades delegadas se redujo de cuatro a dos años, y se acordó mantener un listado de 40 empresas estatales para posibles privatizaciones, excluyendo solo a YPF. Se estableció una cláusula que obliga al Ejecutivo a enviar al Congreso los pliegos de privatización, otorgando a la oposición la capacidad de frenar el proceso en casos particulares.
