Sorpresa: una empresa estatal mendocina sería la primera privatizada en la era Milei
En una movida inesperada, la primera privatización bajo el gobierno de Javier Milei podría ser la de IMPSA, la empresa mendocina no incluida inicialmente en la Ley Bases como "privatizable".
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IMPSA, que en 2021 pasó a ser controlada mayoritariamente por el Estado nacional y la Provincia de Mendoza, está en el centro de negociaciones con una empresa norteamericana interesada en su adquisición.
Según informó Clarín, hoy se firmará una carta de intención con esta empresa norteamericana, y el jueves se realizará un acto con la presencia de Alfredo Cornejo para iniciar formalmente el proceso de re-privatización.
El acuerdo que se firmará el jueves garantizará los puestos de trabajo y establecerá dos etapas para la venta futura de la firma. Inicialmente, el oferente se compromete a pagar los sueldos durante los próximos dos meses. En septiembre, la empresa compradora tendrá una posición "ventajosa" si aparecen otros interesados, permitiendo finalizar el proceso de adquisición.
El oficialismo nacional argumenta que esta medida es una continuación del proceso de "ordenamiento" de IMPSA, destinado a evitar una "quiebra segura" debido a su alto endeudamiento y fuerte déficit operativo. Desde el inicio del año, se implementaron recortes significativos, incluyendo la suspensión de un viaje a Japón por un miembro del directorio y otros gastos suntuarios que agravaban el déficit de la empresa.
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En el proceso de capitalización de 2021, el 63,7% de las acciones de IMPSA fueron transferidas al Fondo Nacional de Desarrollo Productivo (FONDEP), controlado por el Ministerio de Economía. La Provincia de Mendoza posee el 21,2% de las acciones. El 15,1% restante se divide entre un fondo de capital controlado por los acreedores de la compañía, incluidos organismos estatales como el Banco Nación y el BICE (9,8%), y la familia Pescarmona, que retiene un 5,3%.
El proceso de privatización de IMPSA es visto por algunos como una medida necesaria para garantizar la estabilidad financiera de la empresa y salvaguardar los empleos, mientras que otros lo perciben como un paso controvertido en la política económica del gobierno de Milei.
