Sagasti sorprendió a todos y presentó un proyecto de "antidoping" para funcionarios políticos

En medio del tironeo entre el oficialismo y el arco opositor en el Congreso de la Nación, el sector más alineado al kirchnerismo, y en donde se destaca la mendocina Anabel Fernández Sagasti, presentó un proyecto que busca que los funcionarios de los tres poderes del Estado se sometan a un examen antidoping obligatorio.

El insólito pedido de un "dealer" a los vecinos de su barrio

La iniciativa, que de prosperar provocaría una fuerte discusión sobre su constitucionalidad, fue firmada también por Juliana di Tullio, Oscar Parrilli, y José Mayans.

Di Tullio se refirió a la iniciativa como "ley de Coherencia" en la lucha contra el narco: "La situación que estamos viviendo con el narcotráfico nos obliga como funcionarios a comprometernos en serio. No podemos decir una cosa y hacer otra, el pueblo nos está pidiendo coherencia", expresó la senadora según dieron a conocer desde la bancada oficialista.

Por medio del texto, destacaron que se "establece la realización obligatoria de un examen de detección de metabólicos de drogas ilegales en orina al menos una vez al año y de manera aleatoria". Cuando un funcionario de positivo, entrará en un "proceso de suspensión y/o licencias hasta su recuperación".

El Gobernador celebró la detención de una banda dedicada al procesamiento de cocaína

El control y la realización del "antidoping" funcionarial estaría en manos de la Secretaría de Políticas Integrales sobre Drogas, que depende de la Jefatura de Gabinete de Ministros actualmente a cargo de Agustín Rossi.

¿Quiénes deberían realizarse el test antidrogas?

Los que tendrían que realizarse el examen antidoping serían, el presidente, el vicepresidente, los ministros y funcionarios hasta el rango de subsecretario del Estado.

En cuanto a los funcionarios del Poder Legislativo, la iniciativa alcanzaría a legisladores nacionales y funcionarios hasta el rango de prosecretarios.

Y en lo que refiere al Poder Judicial, el proyecto abarca a los magistrados en todos sus niveles, y a funcionarios hasta el grado de prosecretario administrativo.