Quieren meter a la cárcel a Cacho Garay por miedo a que se fugue con la domiciliaria
Una audiencia crucial tuvo lugar en el Polo Judicial para tratar la situación de Juan Antonio Cacho Garay, el humorista mendocino acusado de violencia de género y abusos sexuales, y Sandra Astudillo Stafollani, ex empleada de la Legislatura provincial.
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La fiscal Mónica Fernández Poblet solicitó la revocación de la detención domiciliaria de Garay para que espere el juicio directamente en el penla y la prisión preventiva para Astudillo.
Después de escuchar los argumentos de todas las partes, el juez Federico Martínez decidió pasar a un cuarto intermedio y programar una nueva audiencia para el viernes 7, donde tomará una decisión basada en las pruebas presentadas.
La fiscal confirmó que solicitó que ambos acusados cumplan prisión preventiva en la cárcel porque existe un riesgo de fuga. Además, se solicitó un embargo de cinco millones de pesos para cada uno de ellos.
Garay enfrenta múltiples acusaciones, incluyendo amenazas, coacciones, robo, tenencia ilegal de armas de fuego, abuso sexual con acceso carnal y privación ilegítima de la libertad, todos en el contexto de violencia de género. Por su parte, Astudillo está acusada de abuso sexual en complicidad con Garay.
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El caso se inició en abril cuando Verónica Macías Bracamonte, ex pareja de Garay, lo denunció por amenazas con armas de fuego. Con el tiempo, la denuncia se amplió, revelando detalles sobre las fiestas sexuales organizadas por Garay, donde obligaba a participar a Macías y a otras personas, incluyendo empleadas de la Legislatura y personas de renombre dentro de la provincia.
Según los testimonios de la denunciante, estas encuentros eran filmados y en ocasiones se le obligaba a tomar medicación para mantener el secreto. Además, afirmó haber sido víctima de abuso sexual y otros maltratos.