Qué dijo la ministra de Seguridad tras el asesinato del policía retirado

Mercedes Rus emitió un comunicado tras la muerte de Héctor Enrique Pelayes y cuestionó a la Justicia por haber dejado libre al asesino que cumplía una condena por otro caso.

La ministra de Seguridad de Mendoza, Mercedes Rus, emitió un comunicado este mediodía tras el asesinato del policía retirado y cuestionó a la Justicia por haber dejado libre al asesino que cumplía una condena por otro caso.

El comunicado completo:

Lamentamos profundamente la pérdida del policía retirado Héctor Enrique Pelayes, quien murió en un enfrentamiento con un delincuente que no debería haber estado en libertad.

Desde el Ministerio de Seguridad no negamos los problemas; nos ponemos al frente y trabajamos en ello. La seguridad y la justicia van de la mano, pero es difícil lograr seguridad si no hay justicia.

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A pesar de que el Código Penal prohíbe la libertad condicional para quienes cometen homicidios en ocasión de robo, y de que la Oficina Técnico Criminológica (OTC) dictaminó en contra de su liberación, Roberto Pereyra fue puesto en libertad condicional.

La Dirección de Derechos Humanos de la Corte solicitó su liberación, haciendo caso omiso a nuestras leyes.

Acaban de sancionarse nuestras propuestas. Teniendo en cuenta los niveles de reincidencia se aprobó la Ley 9565 que crea la figura del Oficial de Libertad Vigilada, para un control más presencial, territorial y seguro de las personas externadas de la cárcel.

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A su vez, la ley orgánica del servicio penitenciario (9569), otorga un marco legal para un ordenamiento más seguro intramuros y así evitar que proliferen delitos desde adentro hacia afuera.

Producto de ello se dictaron las Resoluciones 822/24 de Clasificación de Internos, 1215/24 de Categorización de Unidades Penitenciarias y 1213/24 de Reglamentación para internos de Alto Perfil, buscando una adecuada reubicación de internos según su perfil y el tipo especial de seguridad de cada unidad o complejo penitenciario.

Nuestra prioridad es proteger a los ciudadanos y garantizar que los responsables de actos criminales reciban el castigo que la sociedad espera.

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