Guaymallén estudia cómo y dónde reubicar a feriantes del Le Parc
La Municipalidad de Guaymallén mantiene un conflicto con alrededor de 550 puesteros que fueron desalojados del predio de los ferrocarriles junto al Espacio Cultural Julio Le Parc. Desde la comuna avanzan con un programa de reubicación que ha generado incertidumbre y rechazos entre algunos de los involucrados, que amenazaron con instalar acampes a modo de protesta.
El desencuentro se generó cuando el municipio dirigido por Marcelino Iglesias dio la orden de desalojar el predio del ferrocarril en el que cada sábado y domingo, un total de 550 feriantes colocaban sus puestos al aire libre para vender toda clase de productos, tanto comestibles como artesanales.
Javier Massó, director de Industria, Comercio e Inspección General, explicó a Diario Vox que la medida se llevó a cabo por tres razones fundamentales. “Primero y principal, ese terreno no es municipal. Segundo, no es seguro, ya que no cuenta con las condiciones mínimas ni está preparado para una feria e incluso es una zona donde han ocurrido accidentes en el pasado. Y por último, porque no cumple con ninguna norma de salubridad, ya que la Municipalidad no puede realizar controles de este tipo porque se trata de una actividad ilegal”, detalló.
El funcionario municipal aclaró que desde febrero a diciembre de 2016 se comenzó a trabajar en un proyecto que reconoce y regulariza las ferias populares. En este marco, se analizaron una serie de predios y terrenos, de los cuales detectaron algunos con viabilidad para este tipo de ferias. Uno de ellos es la plaza Bolivia del barrio Pedro Molina I y otro sería el Boulevard Servet.
Sin embargo, las propuestas no tuvieron la acogida esperada y un grupo de feriantes decidió manifestarse e incluso amenazaron con acampar frente al edificio municipal. Marcela Fernández, delegada de los feriantes en desacuerdo, comentó “en la ordenanza que regula las ferias a cielo abierto, uno de los puntos en los que pone hincapié es la territorialidad y es justamente lo que no nos quieren respetar ahora”. “Sabemos que el terreno le pertenece a Belgrano Cargas y tras una reunión con el delegado nacional nos manifestaron que no tendrían problemas en discutir siempre y cuando se garanticen ciertas condiciones”, detalló.
Además de la ubicación, otro punto de desacuerdo es el criterio que el municipio ha empleado para tratar con los involucrados. “Vamos a trabajar con los feriantes que lo necesiten. Esto ha generado un descontento porque sabemos que el predio estuvo funcionando de manera informal por distintos ‘intermediarios’ que recibían un rédito de esto, y nosotros vamos a tratar directamente con cada feriante “, especificó Massó y añadió que también quedarán excluidos mayoristas o comerciantes minoristas con otros puestos, y deberán residir desde al menos un año en el municipio. “En total son 550 puestos, pero se van a trabajar con encuestas socioeconómicas y esa cantidad se va a depurar”, cerró.