Determinaron qué pasará con los celulares y su libre uso dentro de las cárceles
La población carcelaria de Mendoza cuenta mayoritariamente con acceso a teléfonos móviles, una medida implementada durante la pandemia del 2020 para facilitar el contacto con familiares debido a las restricciones sanitarias.
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A pesar de que las limitaciones de visitas concluyeron el 31 de diciembre de 2023, el juez Sebastián Sarmiento decidió prorrogar la disposición hasta el 10 de enero de este año.
El Ministerio Público Fiscal insistió en el cumplimiento de la ley, que prohíbe a los reclusos poseer teléfonos celulares. Los defensores de esta medida argumentan que el uso de celulares es un derecho humano básico, pero se enfrentan a la vigencia del mega Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) emitido por Javier Milei, que establece la "emergencia pública sanitaria hasta el 31 de diciembre de 2025".
Fernando Guzzo, Fiscal Adjunto en lo Penal, enfatizó la postura del Ministerio Público Fiscal al declarar: "No vamos en contra de ningún derecho, solo queremos que se cumpla la ley. La emergencia sanitaria ya terminó". La decisión final del juez Sarmiento respalda la posición del Ministerio Público Fiscal, rechazando la solicitud de mantener la autorización para el uso de teléfonos móviles en cárceles de Mendoza.
El juez estableció condiciones para el retiro gradual de los teléfonos móviles en un plazo no inferior a seis meses, con notificación previa de al menos treinta días a los detenidos.
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Además, se permitirá la autorización excepcional para la utilización de telefonía móvil en centros de detención de mujeres hasta que se ajusten a las normativas de igualdad de género.
Sarmiento también dictó cinco pautas para el Servicio Penitenciario, incluyendo la fijación de una periodicidad en las visitas, el retiro gradual de los equipos, notificaciones anticipadas, restricciones específicas en áreas con telefonía pública y la instalación de equipos para videollamadas en proporción mínima.
