En Mendoza, los que usurpen tierras perderán beneficios sociales

Durante la sesión del Senado, legisladores dieron aprobación a un proyecto de Ley impulsado por el diputado Jorge Difonso por el cual se quitan beneficios sociales a quienes usurpen tierras en la provincia de Mendoza.

La propuesta al ser aprobada por 19 positivos, 14 negativos y tres abstenciones fue remitida al Poder Ejecutivo para su posterior promulgación.

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El texto aprobado este martes dispone como requisito para el otorgamiento de beneficios de planes sociales, subsidios de cualquier tipo, o programas de vivienda emanados del Instituto Provincial de la Vivienda, no encontrarse condenado por alguno de los delitos previstos en el Capítulo VI, del Título VI, del Libro II del Código Penal, mientras dure su condena.

Además, establece que en todos los casos en que el Poder Ejecutivo o cualquier dependencia del Estado disponga la entrega de subsidios de cualquier tipo y/o beneficios a entidades comerciales, productivas o prestadoras de servicios, previo a hacer efectivo el mismo, deberá el beneficiario acreditar la inexistencia por parte de sus titulares y/o administradores, de condenas por los delitos enumerados.

En la fundamentación del proyecto, Difonso sostiene que "resulta preocupante el creciente número de casos de usurpación y tomas de terrenos en el ámbito de la provincia de Buenos Aires. En las últimas semanas se han observado casos de intentos o tomas efectivas, en La Plata, La Matanza, San Francisco, Partido de la Costa, Ezeiza, Moreno, Presidente Perón, Merlo y Marcos Paz".

"Así también, hemos tomado conocimiento por los medios de comunicación, de que existen algunos casos que ya ocurrieron en el sur de nuestro país, incluso con la venta de tierras usurpadas", añade el diputado.

Al momento de la exposición, la senadora Cecilia Juri criticó que la propuesta en cuestión, solo fue aprobada en la Cámara de Diputados por el bloque oficialista. «Hay más de 11 notas de distintas organizaciones que han sido presentadas. Lo que han solicitado es que se pueda escuchar sus opiniones previo al tratamiento en la Legislatura. Para la legisladora en Mendoza hay un déficit de más de 70.000 viviendas. Acá es evidente la decisión política de apoyar este proyecto y dejar de lado otras iniciativas», indicó.