El dato clave de la nueva ley que endurece los controles sobre los conductores borrachos
En Mendoza, más de 100 personas perdieron la vida en los primeros seis meses del año en accidentes causados por conductores ebrios. En respuesta a esta situación, el Senado aprobó este martes una ley destinada a mejorar los controles de alcoholemia y endurecer las sanciones para los reincidentes.
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La ley, que modifica parcialmente la ley 9.024, permite a los agentes de tránsito de los municipios y de la Dirección de Seguridad Vial acceder, mediante la toma de huellas dactilares, a información precisa sobre si un conductor tiene antecedentes de manejar bajo los efectos del alcohol.
Si el conductor da positivo y es reincidente, la sanción de inhabilitación podrá extenderse hasta 365 días, y el juez podrá ordenar que el infractor asista a cursos de capacitación, prevención y/o conducción responsable.
A partir de ahora, la ley será más dura para los conductores ebrios.
Otro artículo de la ley faculta a la Provincia para calibrar y homologar los alcoholímetros a través de convenios con universidades y organismos locales, con el objetivo de reducir los costos de este trámite administrativo y aumentar la cantidad de unidades disponibles para los controles. Actualmente, los alcoholímetros deben calibrarse cada seis meses y homologarse anualmente, un procedimiento que solo puede realizarse en laboratorios ubicados en Santa Fe y Buenos Aires.
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Además, la ley permite a la Justicia retener los vehículos secuestrados hasta que los conductores cumplan con la pena administrativa impuesta. También establece que los vehículos no reclamados en un plazo de dos meses puedan ser utilizados por distintas reparticiones provinciales o municipales. Si un vehículo no es reclamado en ese periodo, el Ejecutivo o la Justicia podrán ceder irrevocablemente su titularidad a los Municipios o al Ministerio de Seguridad y Justicia. Estos vehículos deberán ser identificados con la leyenda "vehículo retenido ley de seguridad vial", salvo cuando se utilicen para tareas de investigación o inteligencia de la Policía.
La propuesta, enviada por el Gobierno dentro del paquete de Seguridad, recibió 19 votos a favor y 14 en contra, y ahora ha sido remitida al Ejecutivo para su promulgación.
