Cómo votaron cada uno de los diputados mendocinos el veto al aumento jubilatorio

La Cámara de Diputados ratificó esta tarde el veto presidencial de Javier Milei a la ley de reforma jubilatoria, impulsada por la oposición, que buscaba aumentar los haberes del sector previsional. Con 153 votos a favor, 87 en contra y 8 abstenciones, no se alcanzaron los dos tercios necesarios para revertir la decisión del Ejecutivo.

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Entre los legisladores mendocinos, solo tres respaldaron el veto de Milei: Mercedes Llano, Facundo Correa Llano y Álvaro Martínez, de La Libertad Avanza. Por su parte, Lourdes Arrieta, exintegrante del bloque de Milei y ahora líder del monobloque Fuerzas del Cielo - Espacio Liberal, se abstuvo. "Quiero decir que los jubilados no son un pasivo fiscal. Creí que el ajuste iba a ser para la casta, no para los jubilados", señaló Arrieta, en referencia a su ruptura con el oficialismo.

Los diputados mendocinos de la Unión Cívica Radical (UCR) Julio Cobos, Lisandro Nieri y Pamela Verasay, finalmente no apoyaron el veto. Cobos había adelantado su postura en rechazo, mientras que Nieri y Verasay, cercanos al gobernador Alfredo Cornejo, mantuvieron su posición hasta el último momento.

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Por parte de Unión por la Patria, los legisladores Adolfo Bermejo, Martín Aveiro y Liliana Paponet también votaron en contra del veto. Bermejo expresó su indignación en redes sociales: "Hoy quedó nuevamente demostrado que los jubilados son la variable de ajuste en la Argentina actual. Es increíble que algunos diputados hayan cambiado su voto en menos de 70 días, perjudicando a nuestros abuelos".

La ley vetada por Milei proponía un aumento del 8% en los haberes jubilatorios, con el objetivo de recuperar el poder adquisitivo perdido en los primeros meses de gestión debido a la alta inflación. 

Además, la iniciativa preveía aumentos mensuales ajustados por el Índice de Precios al Consumidor (IPC) y una variación salarial en caso de que la inflación se estabilizara. Otro aspecto contemplaba un pago anual del 50% de la variación del RIPTE y una garantía del haber mínimo en 1,09 veces la canasta básica.

El veto fue defendido por el Gobierno y sus aliados bajo el argumento de que la ley generaría un impacto fiscal del 0,4% del PBI, según la Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC). Esta carga económica fue uno de los principales puntos de crítica de los detractores de la ley, quienes argumentaron que el superávit fiscal era prioritario.