Tras el fallo de la corte, el estado quedó habilitado para revisar casi 5.000 pases a planta
Este lunes, la Suprema Corte de Justicia declaró inconstitucional el ingreso y ascenso al Estado sin concurso público de antecedentes, lo que obliga a revisar los pases a planta permanente de aproximadamente 5.000 empleados.
Paso Internacional Cristo Redentor: hasta cuándo estará cerrado
El fallo, que se decidió por dos votos a favor y uno en contra, afecta al artículo 1 de la Ley 8798, sancionada durante la gestión del exgobernador Francisco Pérez en mayo de 2015.
Esta normativa había permitido que miles de empleados estatales, así como otros no estatales, como los de la Asociación Concesionarios Automotor de la República Argentina (Acara) o la Bolsa de Comercio de Mendoza SA, pasaran a planta permanente sin un concurso previo.
Los jueces Pedro Llorente y José Valerio votaron a favor de la inconstitucionalidad, mientras que el magistrado Omar Palermo se manifestó en disidencia. La sentencia no solo afecta a la ley en cuestión, sino también a varios decretos que respaldaron los acuerdos paritarios entre el gobierno de aquel entonces y los gremios.
Así funcionarán los comercios en Mendoza por el Dia del Empleado de Comercio
El gobernador Alfredo Cornejo, a través de sus redes sociales, celebró el fallo judicial, afirmando que esta decisión respalda una de las "banderas" de su gestión. Además, subrayó la importancia de esta resolución al destacar que "limita la discrecionalidad que podría utilizar este Gobernador y el Gobierno de turno en el ingreso al Estado", lo que, según él, fortalece la institucionalidad de Mendoza.
Celebro este fallo de la Suprema Corte de Justicia, que por mayoría (con un voto en disidencia) exige que todo ingreso y ascenso en el Estado debe ser por concursos de oposición y antecedentes, algo que ha sido una bandera de mi gestión. Esto limita la discrecionalidad que podría...
— Alfredo Cornejo (@alfredocornejo) September 23, 2024
Este fallo marca un precedente en la administración pública provincial, reforzando la necesidad de concursos públicos para garantizar el acceso y ascenso en el Estado, y establece un criterio claro sobre la constitucionalidad de los acuerdos paritarios que no respeten estos principios. La decisión de la Corte también genera incertidumbre sobre el futuro de los empleados afectados, que ahora podrían ver revisadas sus condiciones laborales.
