Venezuela insiste con la detención de Milei: ahora por "robo agravado"
El Ministerio Público de Venezuela, dirigido por el fiscal Tarek William Saab, solicitó a la Interpol una "alerta roja" contra el presidente Javier Milei, acusándolo de "robo agravado" y otros seis delitos relacionados con el avión venezolano-iraní que estuvo retenido en Buenos Aires y fue enviado a Estados Unidos en febrero.
Nicolás Maduro mandó una orden de captura para Javier Milei, su hermana, y Patricia Bullrich
Saab también incluyó en la solicitud a la secretaria general argentina, Karina Milei, y a la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, por cargos similares, como "legitimación de capitales", "privación ilegítima de libertad" y "asociación", entre otros.
El fiscal venezolano denunció estos actos como un ejemplo de "delincuencia transnacional" y afirmó que la Interpol ya ha recibido la solicitud, a la espera de su respuesta. "Es delincuencia común, transnacional, que viola convenciones contra la delincuencia organizada", sostuvo Saab en su declaración.
Venezuela pide la captura de Milei
La solicitud surge tras la orden de captura emitida en Argentina contra Nicolás Maduro, lo que Saab calificó de "venganza" y "reacción desenfrenada" del gobierno de Milei. Consideró esta medida como parte de una ofensiva orquestada por potencias extranjeras, señalando a Estados Unidos como el principal impulsor.
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En paralelo, la Justicia argentina ordenó la captura del presidente venezolano Nicolás Maduro y de Diosdado Cabello, acusándolos de liderar un plan sistemático de torturas, secuestros y ejecuciones en Venezuela. Esta decisión fue tomada por el tribunal de la Cámara Federal de Buenos Aires, tras escuchar los testimonios de refugiados venezolanos en Argentina que denunciaron los abusos sufridos bajo el régimen chavista.
El tribunal argentino explicó que los testimonios mostraban un "patrón común" de violaciones a los derechos humanos por parte del Estado venezolano, y que la evidencia reunida era suficiente para convocar a Maduro y Cabello a declarar. Esta medida fue vista como una respuesta a la creciente presión internacional y los informes de organizaciones de derechos humanos sobre las prácticas represivas del régimen venezolano.
Ambas decisiones judiciales reflejan la creciente tensión entre los gobiernos de Argentina y Venezuela, con implicaciones en el ámbito internacional debido a las acusaciones cruzadas de delitos graves y violaciones a los derechos humanos.
