El radical cambio que aprobó Italia para sacar la ciudadanía: en qué afecta a los descendientes
El Gobierno de Italia provocó un fuerte impacto en la comunidad de descendientes de italianos al aprobar, el pasado viernes, reformas clave en el proceso de obtención de la ciudadanía iure sanguinis a través de un decreto-ley.
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Esta decisión, anunciada en la agenda de la reunión del Consejo de Ministros, dio lugar a un cambio drástico en la tramitación de la ciudadanía, eliminando la tradicional y extensa tramitación parlamentaria para implementar las nuevas normativas de manera inmediata.
La reforma incluye dos proyectos de decreto-ley y un proyecto de ley relacionados con la ciudadanía italiana. La principal diferencia con los proyectos de ley tradicionales radica en que los decretos-ley tienen una implementación instantánea tras su aprobación, requiriendo solo una ratificación posterior, conforme al artículo 77 de la Constitución Italiana.
Aunque el detalle completo de los decretos aún no ha sido confirmado oficialmente, se filtró un borrador que revela varios puntos clave de la reforma.
Uno de los cambios más significativos será la centralización del trámite en Roma. Los solicitantes ya no deberán gestionar su ciudadanía a través de los consulados italianos en el extranjero, sino que el proceso será administrado por una oficina del Ministerio de Asuntos Exteriores Italiano (MAECI) en la capital.
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Además, se prevé un regreso al formato papel para la tramitación, lo que implica que las solicitudes deberán ser enviadas por correo a Roma, eliminando la digitalización del proceso.
El plazo para la tramitación de las solicitudes también se extendería a un máximo de 48 meses, lo que podría generar más demoras en la obtención de la ciudadanía. Además, los interesados solo podrán realizar consultas y gestionar su trámite a través del correo electrónico, lo que limita considerablemente la interacción directa.
El gobierno italiano también contempla la implementación de un sistema de cuotas para las solicitudes. Esto significaría que, una vez alcanzado el número máximo de trámites, no se aceptarían más solicitudes hasta que se reabra un nuevo periodo. Este cupo no superaría el número de tarifas cobradas por los consulados en 2024.
Sin embargo, se mantendrá la gestión de la ciudadanía para los hijos directos menores de edad de italianos ya reconocidos por los consulados, quienes podrán seguir con el proceso actual.
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Los cambios aprobados parecen alinearse con iniciativas previas impulsadas por figuras del gobierno como el senador Roberto Menia y el diputado Antonio Tajani, quienes han propuesto restricciones en cuanto a las generaciones que pueden acceder a la ciudadanía, la exigencia de acreditación del idioma italiano y la necesidad de demostrar un tiempo mínimo de residencia en Italia.
Estas reformas han generado preocupación y confusión en la comunidad de descendientes de italianos, ya que las nuevas regulaciones podrían complicar y alargar considerablemente el proceso para quienes buscan obtener la ciudadanía por derecho de sangre.
