IFE: ¿Quiénes y por qué deberán devolver el beneficio?
La Administración Nacional de Seguridad Social (Anses) investigará a todos aquellos beneficiarios que hayan falsificado datos y no cumplan con los requisitos para ser acreedores del Ingreso Familiar de Emergencia ( IFE).
En el caso de que se verifique la falsificación, esas personas deberán devolver el dinero cobrado y estarán sujetas a penalidades.
El Gobierno ya entregó el beneficio social por tercera vez desde que comenzó la pandemia por el nuevo coronavirus, la cual imposibilitó a muchas personas con empleos informales salir a trabajar.
En ese sentido el organismo de seguridad social argentino ya suspendió el cobro de los 10 mil pesos a personas privadas de su libertad y a menores de 25 años que todavía viven con sus padres y alguno de ellos, cuenta con un empleo en blanco.
Ahora, todos los menores de 25 años que viven solos deberán presentar una declaración jurada que certifique que ya no viven con sus padres.
Anses: cómo sigue el cronograma de pagos del IFE y pensiones no contributivas
La directora de la Anses, María Fernanda Raverta aseguró que desde el organismo saben que "hay una franja etaria que ha tenido mayor cantidad de solicitudes y puntualmente son los chicos de 18 a 24 años y los de 34 a 30", quienes más inician el trámite para cobrar el beneficio social.
La razón del cambio de requisitos necesarios para obtener el IFE está enfocada en "fortalecer la llegada de esta prestación excepcional a los sectores más vulnerables" y evitar que se brinde ese beneficio a personas que ya tienen una fuente de ingreso formal en su familia. Así, las autoridades nacionales advirtieron que aquellas personas que falsifiquen sus datos serán penalizadas y acusadas de estafa y falsificación de documento público.
Ayer, el Gabinete Económico analizó una redifinición del bono de emergencia, el cual podría tomar características similares al plan "Potenciar Trabajo", que lanzó hace pocas semanas el " Ministerio de Desarrollo Social" y que permitiría vincular el beneficio a un desempeño de tareas como mejorar las condiciones edilicias de comedores comunitarios, la urbanización de barrios y la reactivación de la economía popular.
Hace poco más de un mes, funcionarios de Salta y Jujuy fueron investigados y acusados de fraude a la administración pública al ser beneficiarios irregulares del Ingreso Familiar de Emergencia. Este delito podría implicarles una pena de hasta 6 años de prisión.
