Primeras repercusiones de la mini Fase 1: comerciantes del sur rechazaron la medida
A través de una carta difundida este sábado, comerciantes del sur provincial agrupados en la Cámara de Comercio, Industria, Agricultura y Ganadería de Alvear, expresaron su disconformidad por las nuevas restricciones dispuestas por el ejecutivo provincial en el marco de los festejos del 21 de septiembre.
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En la misiva, dirigida al gobernador Rodolfo Suarez, la entidad afirma que la decisión de volver a la Fase 1 representa un perjuicio para la actividad comercial de la zona y aseguran que este tipo de medidas han demostrado ser poco efectivas a la hora de evitar los contagios.
Sobre el final los comerciantes advierten que les "preocupa que esta falta de representatividad y de diálogo, devengue en un estallido social como está sucediendo en provincias vecinas".
La carta completa dirigida al gobernador Suarez:
Nos dirigirnos a Usted, a los fines de referirnos a la reciente medida que impone volver a fase 1 para prevenir los festejos del 21 de setiembre día del estudiante.
A tal efecto queremos manifestarle nuestro completo desacuerdo a la medida, ya tenemos muestras de que esta cuarentena impuesta de 184 días no ha brindado diferencia a otros lugares del mundo que no la llevaron a cabo, y ocasiona un perjuicio a la actividad comercial, el cual podría haberse evitado de haber abierto el diálogo previo a tomar medidas, entendiendo que los comercios no incrementan el crecimiento de contagios.
Estas medidas tan extremas agravan la ya complicada situación económica y social de la provincia, consideramos que ya no hay margen para limitar las libertades individuales, observando una clara violación de los derechos civiles por parte de toda la clase política (oficialismo y oposición) así como también del sistema judicial, utilizando autoritarismo para imponer medidas.
Nos preocupa que esta falta de representatividad y de diálogo, devengue en un estallido social como está sucediendo en provincias vecinas.
Finalmente nos manifestamos abiertos a consensuar medidas que permitan a la comunidad garantizar las libertades individuales, requiriendo se revea la medida adoptada.