Fin de la novela: derogaron la ley minera 9209

La
Legislatura de Mendoza derogó este lunes la Ley 9.209 que reemplazaba a la
7.722 y que permitía el uso de cianuro y ácido sulfúrico para darle vía libre a
la minería a cielo abierto.

La norma,
que había sido impulsada por el gobernador Rodolfo Suarez, ni bien asumió su
mandato, desató una convulsión social en nuestra provincia, y para que el clima
de tensión no pase a mayores, el mismo mandatario provincial, después que la
norma fuera promulgada en el Boletín Oficial el pasado 24 de diciembre, el
último viernes decidió dar marcha atrás, y anunció que la iba a derogar.

El proyecto
de derogación ingresó el lunes en la cámara alta provincial para ser tratado
sobre tablas, y los senadores le dieron media sanción, por 34 votos
afirmativos, y dos en contra.

Los dos
votos en contra son de las senadoras Hilda Quiroga (PJ) y Gladys Ruiz (Cambia
Mendoza), ambas representantes de Malargüe, el departamento del sur provincial
que es netamente minero.

La
legisladora peronista, en su alocución en el recinto, afirmó: "Pedimos
solidaridad, somos capaces de hacer minería con los controles de los países más
avanzados del mundo", afirmó.

En tanto, la
senadora oficialista, cargó contra el resto del recinto que apoyó la
derogación, y citando un pasaje bíblico, sentenció: "Si a Jesús lo
crucificaron diciendo que quería salvar al mundo, digo lo mismo que él:
'Perdónalos, Señor, no saben lo que hacen'".

Al tener
media sanción por parte de la cámara alta, la norma fue girada a la Cámara de
Diputados, para que sea tratada sobre tablas, y tras un debate
"exprés", dio sanción definitiva a la derogación de la "ley
minera", y volver a "fojas cero", por lo tanto vuelve a regir la
Ley 7.722, que ahora debe ser promulgada por el Ejecutivo, y publicada en el
Boletín Oficial para que tenga plena vigencia.

La
derogación a la Ley 9.209 se votó por amplia mayoría en el recinto, pero contó
con tres votos negativos de legisladores del interbloque oficialista Cambia
Mendoza, los diputados Guillermo Mosso (PD), Hebe Casado y Gustavo Cairo (PRO),
y hubo un diputado ausente.

El senador
justicialista Bartolomé Robles, que en su momento había votado en contra de las
modificaciones a la Ley 7.722, en diálogo con Télam, aseguró: "Creo que en
estos días la dirigencia política mendocina aprendió una gran lección. El
pueblo nos está diciendo: 'escuchen más y hablen menos'. Festejo la
participación del pueblo de Mendoza y de la defensa de los derechos
ambientales”.

Ricardo
Funes, ex director de Turismo hasta hace 20 días de San Carlos, fue uno de los
"autoconvocados" de ese departamento de Valle de Uco y se constituyó
en uno de los ambientalistas que convocó a las marchas en contra de las modificaciones
a la Ley 7.722.

En diálogo
con Télam, aseguró: "Primero quiero celebrar que la política haya
respondido al clamor popular, pero después ratificar claramente que la
megaminería no tiene licencia social en Mendoza".

"Es una
celebración que haya sido restituida la Ley 7.722, y también estamos alineados
y trabajando para que la 5.001 de Chubut, que es una ley hermana y melliza de
la 7.722, también se sostenga", explicó.

"Hacemos
un llamamiento a la política nacional para ser capaces de pensar un mundo y una
Argentina transformada y con pleno empleo, sin tener que caer en el facilismo
de tomar el modelo extractivo, que a la larga termina perjudicando a las
poblaciones y a las comunidades", concluyó.

En tanto,
Carlos Ferrer, presidente de la Cámara de Servicios Mineros de Mendoza, le dijo
a Télam: "El daño que se le ha hecho a la provincia de Mendoza es
inconmensurable, es absolutamente inédito que la vigencia de una ley haya
durado cuatro o cinco días. No hay antecedentes en la República
Argentina", dijo.

"¿Cuál
es el mensaje que se le envía a los inversores extranjeros? Si había algún
resabio de seguridad jurídica en Argentina, esa seguridad jurídica no existe,
porque esto no solamente daña al industria minera y a la matriz productiva de
Mendoza, ya que cualquier inversor ve que acá puede pasar cualquier cosa en
aras de la 'paz social' y del 'reclamo popular soberano'", lanzó.

"Esto
es un ataque al sistema representativo de gobierno. Y además demuestra una
debilidad absoluta del gobernador (Rodolfo Suárez) que de aquí en más no sé
cómo va a manejar las negociaciones que tenga que hacer con en las paritarias
con gremios, y con la oposición, porque ha sido absolutamente dirigido y
manipulado", concluyó.

Afuera de la
Legislatura, unas 3.000 personas se fueron concentrando desde esta mañana,
sobre la Plaza Independencia, para seguir las alternativas del tratamiento de
ambas cámaras para la derogación de la Ley 9.209.

Los
asambleístas y autoconvocados siguieron el tratamiento a través de
altoparlantes instalados afuera de la Legislatura con un elocuente sentido
festivo.

Cuando el
Senado dio media sanción a la derogación, y finalmente Diputados le dio sanción
definitiva festejaron con una estruendosa algarabía.