Transfieren la policía científica al Poder Judicial

Por Pablo Icardi

En el marco
de la crisis generada por la inseguridad, el Gobierno busca ejecutar una
reforma en el Poder Judicial y en el abordaje de las investigaciones de los
hechos. Por eso el gobernador Francisco Pérez anunció que transferirán la policía
científica a la órbita del Poder Judicial para que sean los fiscales quienes
comanden las investigaciones.

Cuando esa
medida se ejecute, ese brazo de la policía dejará de depender del Ministerio de
Seguridad para pasar a la estructura del Ministerio Público y trabajarán bajo
las órdenes de los fiscales. En total hoy son 170 policías. Pero hay
diferencias de criterio. Mientras el Procurador de la Corte, Rodolfo González,
pone algunos reparos por la necesidad de garantizar los recursos, en el
Gobierno aseguran que la medida no puede demorar más de un mes y medio para
ejecutarse. “El Gobernador hizo el anuncio, pero ahora hay que ver cómo se
ejecuta, ver el tema de los recursos”, dijo González. La subsecretaria de Justicia
Romina Ronda dijo que el traspaso podría ser casi automático. “Hay que ver cuál
es el instrumento legal, pero creemos que con un Decreto es suficiente. Cuando
se ejecute el traspaso se hace con todos los recursos y la estructura. Los
policías no van a perder derechos”, aseguró Romina Ronda. El cambio, en teoría,
permitiría agilizar las investigaciones para que sean las fiscalías quienes
concentren el poder.

Antes
reconocen que habrá que vencer algunas barreras, pues los policías ahora
responderían al Poder Judicial. “Ésta es nuestra prioridad y vamos a poner todo
lo que haga falta. Si es necesario redireccionar partidas presupuestarias lo
vamos a hacer”, dijo el gobernador Francisco Pérez.

Más
agilidad

El objetivo
por ahora es buscar más agilidad en la investigación de los casos de
inseguridad para atacar la sensación de impunidad. Por eso uno de los proyectos
que se acordó, como anticipó Vox Populi, es ampliar las funciones de los
juzgados correccionales y que también sean juzgados de garantías. Se trata de
piezas clave, pues los jueces de garantías son quienes habilitan los
allanamientos, las escuchas telefónicas y otros procedimientos delicados. Con
el cambio pretenden ampliar de 6 a 10 los juzgados de garantías.

También
buscan tener más juzgados de flagrancia y especializar más las fiscalías
especiales. Una de las quejas del Gobernador es que los tres fiscales
especiales “investigan todo y no resuelven nada”.

Ampliaremos.