La DGE busca implementar la ficha limpia para docentes y celadores: de qué se trata el proyecto
El ministerio de Educación, Infancia, Cultura y Dirección General de Escuelas (DGE) presentó en la Legislatura mendocina un proyecto de ley que busca cambiar todo el esquema tradicional dentro del sistema educativo: la ficha limpia para personal docente y no docente.
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Se trata de un proyecto que busca replicar el sistema que ya se viene implementando en la provincia para los candidatos electorales: la incorporación de requisitos específicos que aseguren que ningún profesional con condenas por delitos contra la integridad sexual, la libertad o la identidad pueda acceder a cargos en el sistema educativo.
Daniela García, jefa de Gabinete del Ministerio de Educación, Cultura, Infancias y DGE, comentó a VoxPopuli que se trata de "una ley de modificación del estatuto docente". "De ahí agregamos otros artículos, tomando el antecedente de la Ley de Educación Nacional 26.206, que invita a las provincias a adoptar medidas para garantizar el bienestar de los estudiantes", amplió.
Además, el proyecto contempla la creación de un registro público de antecedentes penales para que los trabajadores de la educación que enfrenten cargos no puedan volver a incorporarse en el sistema educativo.
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"Nosotros debemos priorizar el cuidado, por eso una de las instancias que tomamos es que no deben tener delitos contra la integridad sexual, la libertad o la identidad. Cuando hablamos de integridad sexual, hablamos de todo, desde grooming hasta abuso sexual", explicó García a este medio.
El proyecto estipula que para ingresar al sistema educativo será indispensable presentar un certificado de antecedentes penales. Esto incluye a docentes, celadores y personal administrativo, asegurando que quienes accedan a estos cargos no posean antecedentes penales por delitos contra la integridad sexual, la libertad o la identidad.
En tanto, para los casos de aquellos docentes o celadores que comentan delitos contra los estudiantes, serán inhabilitados de manera permanente para volver a ejercer en el ámbito educativo. "En el estatuto estaba la inhabilitación por tres años. Nosotros pusimos la inhabilitación permanente para los delitos penales que van por la Justicia", culminó.
El proyecto de ley de ficha limpia continuará en análisis y forma parte de una serie de iniciativas impulsadas por el Ejecutivo para reforzar la transparencia y seguridad en el ámbito educativo.