Ratificaron la sentencia a Cristina Kirchner pero absolvieron a dos ex ministros
La Cámara Federal de Casación Penal ratificó este miércoles la sentencia de seis años de prisión y la inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos de la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner, en el marco del caso de corrupción en la obra pública adjudicada al empresario Lázaro Báez en Santa Cruz.
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En una extensa resolución de 1600 páginas, la Sala IV de Casación confirmó las condenas de varios exfuncionarios y empresarios vinculados, entre ellos:
- Lázaro Báez: 6 años de prisión
- José López (ex secretario de Obras Públicas): 6 años
- Nelson Periotti (ex titular de Vialidad Nacional): 6 años
- Juan Carlos Villafañe: 5 años
- Raúl Pavesi: 4 años y 6 meses
- José Raúl Santibañez: 4 años
- Mauricio Collareda: 4 años
- Raúl Daruich: 3 años y 6 meses
Sin embargo, Julio De Vido, ex ministro de Planificación, y Abel Fatala, ex subsecretario de Obras Públicas, fueron absueltos.
La decisión se anunció en una audiencia pública en los tribunales de Comodoro Py. Los jueces Mariano Borinsky y Diego Barroetaveña ratificaron la condena de Kirchner, mientras que Gustavo Hornos sugirió sumarle el cargo de asociación ilícita, en línea con lo solicitado por la Fiscalía.
Este fallo aún puede ser apelado ante la Corte Suprema de Justicia, que tendrá la última palabra sobre la sentencia. Las partes cuentan con 10 días hábiles para presentar su apelación, y la Corte no tiene plazos para resolver.
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Se estima que el fraude en las obras viales adjudicadas a empresas de Báez causó un perjuicio de aproximadamente 84.000 millones de pesos a la administración pública, monto que también fue confirmado para su decomiso. En ese sentido, el fallo determinó que se haga efectivo un decomiso por el monto total de los fondos apuntados por la Justicia como "fraude".
El caso investiga 51 procesos de licitación pública realizados entre 2003 y 2015 en Santa Cruz. Durante ese período, las obras fueron adjudicadas a empresas vinculadas a Báez, quien expandió su imperio económico mediante contratos otorgados en circunstancias irregulares, principalmente por la Administración General de Vialidad Provincial y, en algunos casos, por la Dirección Nacional de Vialidad.