La inesperada maniobra de la Justicia en el caso de abuso sexual contra Marley que desconcertó
La jueza Vanesa Alejandra Peluffo, responsable del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N°43, decidió declararse incompetente en la causa que investiga al conductor televisivo Alejandro "Marley" Wiebe por presunta corrupción de menores.
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La magistrada sostuvo que los hechos denunciados habrían ocurrido en una vivienda ubicada en la zona norte del conurbano bonaerense, donde residía el conductor, lo que justifica el traslado de la causa a la justicia de la provincia de Buenos Aires, específicamente en Don Torcuato, partido de Tigre.
Esta decisión se alinea con el pedido realizado por el fiscal Marcelo Retes dos semanas atrás, quien también había solicitado el cambio de jurisdicción. Peluffo argumentó que los presuntos abusos, que habrían afectado el desarrollo psico-sexual del denunciante, ocurrieron en una residencia fuera de su jurisdicción.
La jueza subrayó la importancia de respetar el principio del "juez natural", consagrado en el artículo 18 de la Constitución Nacional, que establece que una causa debe ser tratada en la jurisdicción correspondiente a donde ocurrieron los hechos.
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Peluffo también rechazó la solicitud de investigar el caso bajo la figura de "grooming", como pretendía la querella. Explicó que dicha figura penal no existía en el momento de los hechos denunciados, que se habrían producido entre 1996 y los años posteriores, cuando el denunciante tenía 17 años. En aquel entonces, el abuso de menores tenía un encuadre penal diferente al actual.
Ambas partes, tanto el denunciante como el propio Marley, se habían opuesto al planteo de incompetencia, solicitando que la causa permaneciera en el fuero de la Ciudad de Buenos Aires. Sin embargo, la jueza concluyó que todas las pruebas y testimonios apuntaban a que los hechos investigados ocurrieron fuera de la Capital Federal.
De esta manera, será la justicia bonaerense la que continúe con la investigación de las acusaciones que pesan sobre Marley. Los hechos habrían ocurrido durante los últimos años de la década de 1990, y su resolución dependerá ahora de los tribunales de la provincia de Buenos Aires.