El Gobierno eliminará más de 120.000 pensiones por invalidez: quiénes serán los afectados
El Gobierno Nacional decidió realizar una auditoría exhaustiva sobre las Pensiones No Contributivas por Invalidez Laboral, lo que resultará en la eliminación de entre 120.000 y 160.000 beneficios en los próximos meses.
Esta medida busca corregir irregularidades en la concesión de dichas pensiones y asegurar que solo quienes realmente las necesiten sigan recibiendo este apoyo estatal.
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La Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), junto con la Dirección Nacional de Apoyos y Asignaciones Económicas, ha iniciado la revisión de alrededor de 400.000 beneficiarios de Pensiones No Contributivas por Invalidez Laboral.
Este proceso comenzó en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y se extenderá a otras provincias del país. Se estima que entre el 30% y 40% de los casos auditados podrían resultar en la suspensión de las pensiones, afectando a entre 120.000 y 160.000 personas.
Las suspensiones se basan en la detección de irregularidades en la concesión de las pensiones, como la presentación de documentación médica falsificada, el uso de una misma radiografía en múltiples expedientes y la concesión de beneficios a personas que no cumplen con los requisitos legales.
Un análisis inicial de 2.559 casos mostró que solo el 7% cumplía con las condiciones necesarias, lo que motivó la intensificación de las auditorías.
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Además, se han detectado incompatibilidades en aproximadamente el 35% de los casos revisados, relacionadas con la posesión de bienes no declarados, empleo formal y condiciones médicas que no justifican la invalidez laboral.
Las personas más afectadas serán aquellas que reciben la pensión sin cumplir con los criterios legales, como aquellos con bienes significativos o empleo formal, y quienes presentaron documentación sospechosa, como radiografías de animales para obtener la pensión.
Diego Spagnuolo, Director de la ANDIS, destacó que estas auditorías no buscan perjudicar a quienes realmente necesitan el beneficio, sino eliminar los casos fraudulentos y restaurar la transparencia en el sistema, garantizando que los recursos del Estado lleguen a quienes realmente lo requieren.