Anunciaron un posible paro que traería serios dolores de cabeza en Mendoza
A poco y nada de la llegada de la fiestas de fin de año, y en momentos que muchos argentinos comienzan a pensar en donde pasarán esos días típicos y festivos días, una deuda del Gobierno nacional con las empresas de micros del interior del país hizo encender las alarmas en Casa Rosada.
Recientemente, la Federación Argentina de Transportadores por Automotor de Pasajeros (F.A.T.A.P.) dio a conocer un comunicado en el cual informó que todavía no recibió los $11800 millones prometidos y, como medida de fuerza, podrían comenzar con un paro a partir del viernes 23 de diciembre.
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En ese escrito, desde la F.A.T.A.P explicaron que "el Estado Nacional adeuda los aportes comprometidos para el mes de noviembre, que suman $6000 millones de pesos, y se advierte la misma situación para el mes en curso, en el que deberían desembolsarse $5850 millones".
Además, desde el Consejo Directivo señalaron que "durante las próximas semanas, los servicios deberán ser restringidos ante la falta de recursos que permitan afrontar los gastos básicos del sistema, necesarios para la normal continuidad de las prestaciones".
"El grave cuadro de la situación descrita impedirá que las empresas del interior cumplan con sus obligaciones fiscales e incrementen deudas imposibles de afrontar aún con refinanciaciones y moratorias", continuaron.
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Y concluyeron: "Las provincias no podrán en lo sucesivo realizar aportes adicionales a los ya ejecutados para hacer frente a los salarios del mes de noviembre, a causa del incumplimiento en el aporte de fondos nacionales, lo que ocasiona en aquellos territorios una situación que pone en riesgo la paz social, y la continuidad de muchas empresas de transportes de personas del interior del país, en épocas difíciles y de alta sensibilidad".
Desde el Ministerio de Transporta de la Nación se pronunciaron al respecto y explicaron que el Gobierno nacional efectuó los pagos en tiempo y forma, pero que el fondo compensador es girado a las provincias y son las jurisdicciones las que deben aportar los fondos.