Revuelo e ¿intento de Golpe de Estado?: qué pasó en Corea del Sur tras decretar la Ley Marcial
El presidente de Corea del Sur, Yoon Suk Yeol, decretó la ley marcial en todo el país, marcando un giro sin precedentes en la política surcoreana y generando fuertes reacciones tanto a nivel interno como internacional. Esta medida, que otorga control militar sobre funciones civiles, no se aplicaba desde hace más de tres décadas.
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Según Yoon, la decisión busca "erradicar las fuerzas pro-Norte" que supuestamente amenazan la estabilidad política del país. El mandatario señaló que la oposición liderada por el Partido Democrático (PD) actúa en colusión con intereses afines a Corea del Norte, lo que justificaría este drástico movimiento. En sus palabras, el Parlamento se ha convertido en un "monstruo que provoca el colapso del sistema liberal".
Bajo la ley marcial, los derechos ciudadanos quedan severamente restringidos. Las protestas, huelgas y actividades políticas están prohibidas, y los medios de comunicación quedan bajo supervisión militar para evitar "noticias falsas". Además, los infractores pueden ser detenidos y juzgados sin orden judicial, de acuerdo con las leyes de emergencia vigentes.
El contexto político que antecede esta declaración incluye una serie de enfrentamientos entre el Ejecutivo y el Parlamento, controlado por el PD. Este último aprobó un presupuesto reducido y presentado mociones para destituir a funcionarios cercanos al presidente.
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Además, el PD impulsó una campaña que exige la renuncia de Yoon, en medio de acusaciones de corrupción que involucran a su esposa y a su administración.
La oposición condenó con firmeza la medida. Lee Jae Myung, líder del PD, calificó la declaración de ley marcial como una "guerra contra la democracia" y acusó al presidente de violar la Constitución. "Yoon Suk Yeol ya no es el presidente de Corea del Sur", afirmó, subrayando que esta acción es un intento por consolidar un régimen autoritario.
Incluso dentro del oficialismo, la decisión ha generado divisiones. Han Dong Hoon, líder del gobernante Partido del Poder Popular, criticó la medida como "ilegal e inconstitucional" y se comprometió a trabajar junto a la ciudadanía para revocar el decreto.
El despliegue militar en ciudades como Seúl ha exacerbado las tensiones. Manifestaciones masivas han derivado en enfrentamientos con las fuerzas de seguridad, mientras crece el temor entre los ciudadanos de una escalada de violencia.