Es oficial: el gobierno de Milei le quitó la jubilación de privilegio a otro exfuncionario K
El Gobierno oficializó la suspensión de la jubilación de privilegio del ex vicepresidente Amado Boudou, en línea con la decisión de quitar los beneficios similares a la ex presidenta Cristina Kirchner. La medida, impulsada por el Ministerio de Capital Humano liderado por Sandra Pettovello, se fundamenta en la condena penal que pesa sobre Boudou por delitos cometidos durante su gestión pública.
Confirmaron la fecha en la que definirán el futuro de Cristina Fernández de Kirchner
En un comunicado, la cartera explicó que la revocación se justifica en que "la confirmación de una condena penal mediante sentencia definitiva afecta el presupuesto legal que requiere este privilegio". Además, destacó que el fallo por delitos contra la administración pública hace "inadmisible" que el ex funcionario siga percibiendo asignaciones especiales.
Boudou, quien fue vicepresidente entre 2011 y 2015, había sido condenado en diciembre de 2020 a cinco años y diez meses de prisión por cohecho pasivo y negociaciones incompatibles con la función pública.
Actualmente cumple su pena en prisión domiciliaria. Hasta esta semana, el ex funcionario recibía $6.309.622 mensuales como pensión vitalicia por su desempeño en el Ejecutivo.
Zulemita Menem disparó contra Cristina Kirchner por la jubilación de privilegio de su padre
El documento del ministerio también subrayó que la decisión es coherente con los principios de la actual administración, enfatizando que quienes cometen delitos contra el sistema democrático deben enfrentar las consecuencias correspondientes.
Horas antes, el Ejecutivo había anulado las asignaciones de privilegio de Cristina Kirchner, incluyendo su jubilación como ex presidenta y la pensión por viudez de Néstor Kirchner, que sumaban $21.827.624 mensuales.
La decisión se sustentó en la reciente confirmación de su condena por la Cámara Federal de Casación Penal a seis años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos.
Ambas resoluciones reflejan un criterio unificado del Gobierno en torno a las implicancias legales y éticas de las condenas penales, marcando un precedente en el tratamiento de beneficios para ex funcionarios condenados por delitos contra la administración pública.