Daniel Orozco enfrenta nuevos problemas con la Justicia
El ex intendente de Las Heras, Daniel Orozco, fue imputado por la Justicia por el delito de peculado en el marco de la investigación penal sobre la cooperativa fantasma en el departamento. Esta imputación, realizada por el fiscal de la Unidad de Delitos Económicos, Juan Ticheli, agrava la situación del ex jefe comunal y afecta también a otros ex funcionarios.
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Además de Orozco, se imputó a la ex secretaria de Gobierno, Janina Ortiz, y a Osvaldo Oyhenart, quien estaba a cargo del programa municipal que destinó más de 36 millones de pesos a la asociación implicada. Los tres son considerados coautores materiales en la causa.
El informe que desencadenó estas imputaciones fue presentado por el Tribunal de Cuentas. Ortiz, que ya había sido suspendida en la Legislatura, y Oyhenart enfrentan cargos adicionales por el uso de documentos públicos falsos en concurso real, debido a la presentación de planillas falsas por servicios supuestamente prestados por la cooperativa.
Junto a Orozco, Ortiz y Oyhenart, también se imputó a Hernán Matías Mostaccio y Germán Daniel Herrera, ex funcionarios municipales, así como a Juan Pablo Pandolfi y Adrián Pérez, titulares de la cooperativa Manos a la Obra. Pandolfi, además, es yerno de Oyhenart. Estos cuatro fueron imputados como partícipes necesarios.
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El caso no termina ahí. Otros ex funcionarios municipales, como Mauricio Valle, Carlos Nofal, Mauro Homan, Leandro Tassi, Javier Tolín y Patricia Díaz, han sido imputados por peculado culposo. Las imputaciones se basan en la facilitación de maniobras ilícitas dentro de la cooperativa.
La situación legal de Orozco, Ortiz y Oyhenart ya era complicada, ya que previamente habían sido imputados por fraude a la administración pública. Sin embargo, la nueva imputación por peculado agrava su situación, puesto que este delito, según el artículo 261 del Código Penal, conlleva penas de dos a diez años de prisión y la inhabilitación absoluta perpetua.
El artículo 261 establece: "Será reprimido con reclusión o prisión de dos a diez años e inhabilitación absoluta perpetua, el funcionario público que sustrajere caudales o efectos cuya administración, percepción o custodia le haya sido confiada por razón de su cargo".
La investigación continúa, y se espera que más detalles salgan a la luz en las próximas semanas, mientras la justicia avanza en el esclarecimiento de los hechos y en la determinación de responsabilidades.