Reclutaban por redes, invertían en la bolsa, usaban criptomonedas y estafaron a miles de mendocinos
La División de Lavado de Activos de la Superintendencia de Investigaciones Federales de la Policía Federal desmanteló una red delictiva que operaba en la ciudad de Marcos Juárez, en Córdoba, y en San Rafael, Mendoza.
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Esta organización se dedicaba a estafar a través de engaños de inversión con ganancias superiores a las establecidas en el mercado financiero.
Cuatro personas, señaladas como los cerebros detrás de este "negocio" que incluía esquemas piramidales, fueron detenidas, y la Policía Federal informó que se incautaron vehículos de lujo, dinero y objetos de valor durante los operativos.
Siguiendo las directrices del Juzgado Federal de Bell Ville, a cargo del juez Sergio Pinto y la Secretaría Penal bajo Beatriz Biolato, los agentes llevaron a cabo una investigación basada en múltiples denuncias presentadas por las víctimas en Marcos Juárez, provincia de Córdoba. Estas personas habían invertido su dinero en criptomonedas con la promesa de obtener porcentajes de interés mucho más altos que los ofrecidos en los mercados financieros y bancarios.
Después de realizar diversas tareas de campo, las fuerzas federales pudieron determinar que la empresa investigada era una plataforma de inversión en la que se adquirían módulos de inversión en dólares mediante la compra de Bitcoins. Según los presuntos estafadores, esto generaba un rendimiento diario del 1% al 3%, y la inversión inicial se recuperaba en un plazo de 4 meses. A partir de entonces, las ganancias llegaban al 300% anual hasta el mes 12.
Sin embargo, para obtener mayores beneficios, las personas debían reclutar a más miembros para su grupo, lo que derivó en una estafa conocida como esquema piramidal o sistema "Ponzi".
Una vez que acumularon un gran capital, los miembros de la organización abandonaron la provincia de Córdoba y se trasladaron a San Rafael, donde, con el dinero obtenido ilícitamente, establecieron negocios legítimos, incluida una inmobiliaria.
Aprovechando esta fachada, la organización inició una nueva estafa, esta vez vendiendo terrenos de un desarrollo inmobiliario bajo la premisa de ser un emprendimiento vitivinícola. Estos terrenos se "vendían" a precios considerablemente bajos en comparación con su valor de mercado, lo que atrajo a una gran cantidad de inversores.
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Con el fin de llevar a cabo el engaño y evitar ser descubiertos, los falsos empresarios mostraban un proyecto vitivinícola y utilizaban un nombre similar al de otra empresa inmobiliaria cercana. Además, ofrecían a los posibles compradores de terrenos la oportunidad de convertirse en vendedores de otros terrenos, prometiendo comisiones por las ventas, lo cual nunca se cumplía.
Como resultado de esta investigación, el personal policial llevó a cabo varios allanamientos tanto en Marcos Juárez como en San Rafael, donde arrestaron a los cuatro miembros de la organización, incluyendo al contador encargado de las finanzas, al propietario de la inmobiliaria y a los cabecillas. Además de confiscar una gran cantidad de dinero en efectivo (tanto en pesos como en dólares), se incautaron tres vehículos adquiridos con el dinero de las estafas, propiedades y otros bienes de lujo.